Pablo Salazar Cossio

La importante inversion realizada en el pais, en los ultimos 30 años, supondria haber alcanzado un nivel importante en las empresas constructoras y supervisoras; tanto en fortaleza financiera, como en sus tecnicas y eficiencias de procedimiento constructivos.

Lamentablemente comprobamos que no es asi. Los factores desencadenantes podemos identificarlos como los asociados a: (i) la ingerencia del poder politico en la administracion de los contratos, (ii) ausencia de continuidad en el planeamiento el programa, (iii) ausencia (o falta de voluntad) de coordinacion entre los organos normativos, los ejecutores del programa, las universidades y colegios profesionales involucrados.

Con el inicio del gobierno del Sr. Belaunde se inicia en 1980, a traves de programas aislados administrados por Electroperu, obras en area rurales de todo el pais, sin casi ninguna ingerencia politica (quizas hasta demsiado ausente). A inicios de 1982 se promulga el DL 163, gravando al usuario en su consumo de electricidad, para constituir un fondo que financie el Programa de Ampliacion de Frontera Electrica, recien concluido por ELP. Se inicia asi la ejecucion de un programa, en que quienes participamos directamente podemos asegurar de su independencia del poder politico. Hacia fines de 1987 una nueva administracion del estado decide intervenir el programa, quitandole su prioridad, por las graves dificultades macroeconomicas, perdiendose la continuidad del programa. Cuando en 1993, se inica un perido de mayor orden macroeconomico nacinal, se cambia el marco legal del sector, dejandola sin prioridad, sin efectos el DL 163.

Solo cuando la recuperacion de la economia nacional, hacia fines de 1996, se reinia la ejecucion del Programa de Ampliacion, con una independiacia del poder politico relativo, a traves del Ministerio de Energia y Minas y del  Foncodes, coordinando entre ellos. Con las administraciones publicas a partir del 2001 hacia adelante, conforme la mejor situacion economica del pais, la ejecucion del programa se incremento intensamente, pero con un desorden cada vez mayor sin coordinacion, agregamdose como ejecutores las Municipalidades y los Gobiernos Regionales.
Hacia finales de 2010, hemos avanzado hsta quizas el 0.85 de coeficiente de electrificacion, pero con un desorden por falta de coordinacion, devenido en gasto ineficiente, con aprovechamiento economico y politico de gestores como los municipios y regiones. La regulacion de la calidad del servicio en estos sectores es muy limitada, en terminos practicos. El recientemente lanzado programa Luz para Todos, que busca llegar al 0.93 de coeficiente, tiene serias dificultades para organizar un inventario objetivo valido, por los bajos indicadores de rentabilidad social (mayores a los 1,500 dolares por usuario), debido a la muy baja densidad de carga.

Considero que la prioridad, debiera estar por fortalezer la calidad del servicio, a las zonas ya atendidas rurales, ates de impulsar sin orden, la parte restante. Mejorar la calidad supone inversion complementaria, a traves de la Concesionaria.